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andina.pe –
20:11 | Ucayali, abr. 11.
La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Ucayali logró, durante adelanto de fallo, que se sentencie a 28 años y tres meses de pena privativa de la libertad —por el delito de homicidio calificado— a Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta, en calidad de autores mediatos, y a Eurico Mapes Gómez, Josimar Atachi Félix y Segundo Atachi Félix, como coautores, en el caso Saweto.
Ellos fueron acusados por el Ministerio Público por la muerte del jefe de la comunidad asháninka Tamaya – Saweto, Edwin Chota Valera; y de los dirigentes Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez, ocurrido el 1 de setiembre de 2014.
Según la acusación fiscal, las víctimas fueron emboscadas y asesinadas con arma de fuego cuando se dirigían a la comunidad de Apiutxa, en Brasil, para participar en una reunión de coordinación con sus pares indígenas.
Esta condena fue obtenida como parte de un nuevo proceso judicial iniciado en noviembre de 2023, luego que la Primera Sala Penal de Apelaciones de Ucayali anulara la sentencia por 28 años y tres meses contra los cinco imputados obtenida —en primera instancia— por el Ministerio Público.
La fiscal provincial Vannie Robles, a cargo del caso, informó que apelarán la resolución durante la lectura integral de la sentencia a realizarse el próximo 23 de abril, debido a que el pedido formulado por dicha magistrada es de 35 años de pena privativa de libertad.
Asistió ministro de Justicia a lectura de sentencia
Comprometidos con la defensa de los derechos humanos, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana; y el viceministro Luigino Piloto, participaron en la lectura de sentencia por caso Saweto, en Ucayali.
Durante este tiempo, el Minjusdh expresó su preocupación ante las autoridades del Poder Judicial por el largo proceso seguido para esclarecer estos hechos, luego que se declarara nula una primera sentencia condenatoria y se ordenara iniciar un nuevo juicio contra los acusados.
Con su dedicado seguimiento a este proceso, el Ministerio de Justicia reafirma su compromiso de liderar los esfuerzos intersectoriales para la implementación de las medidas que impulsa el Estado, a favor de las personas defensoras de los derechos humanos, al amparo del Decreto Supremo N° 004-2021-JUS.
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