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21:51 | Lima, abr. 11.
La sentencia de 28 años y 3 meses de prisión, emitida por la Corte Superior de Justicia de Ucayali, para cuatro implicados en el delito de homicidio calificado en el caso Saweto, «es un paso fundamental» en la obtención de justicia y lucha contra la impunidad para las familias de los líderes asháninkas asesinados en el 2014, indica un comunicado conjunto de los ministerios de Cultura y de Justicia y Derechos Humanos.
Añade que tal condena también es reivindicativa para los pueblos indígenas u originarios que afrontan riesgos al defender sus territorios y comunidades, indica el documento.
Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se ha acompañado a los familiares de los líderes indígenas asesinados: Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo en el marco del «Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos«, coordinando la implementación de medidas de protección para salvaguardar su vida e integridad.
Del mismo modo, señala el comunicado, se está promoviendo el acceso al apoyo económico para los huérfanos menores de edad.
Asimismo, menciona que el Ministerio de Cultura ha estado presente en el caso Saweto acompañando a las familias de las víctimas. Durante el proceso judicial, facilitó a dos intérpretes y traductores para que los parientes de las víctimas puedan expresarse en su lengua originaria ashéninka y asháninka; y durante la lectura adelantada del fallo se acompañó en la interpretación en lengua asháninka.
Reconoce la lucha de quienes han defendido y siguen defendiendo los territorios ancestrales de actividades ilícitas dado el estrecho vínculo cultural, espiritual y económico entre los pueblos indígenas y los bosques.
Por ello, los ministerios de Cultura y de Justicia y Derechos Humanos, reafirman su compromiso con la defensa de los derechos colectivos de los 55 pueblos indígenas u originarios a través de la implementación del citado Mecanismo intersectorial y la generación de iniciativas de acción intersectorial con los tres niveles de gobierno para la promoción, prevención y atención de las personas defensoras de derechos humanos.
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