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14:14 | Lima, jun. 6.
El Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, el proyecto de ley que establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos en el Perú antes del 2002.
La iniciativa fue aprobada con 60 votos a favor, 36 en contra y once abstenciones. Por su naturaleza, deberá ser sometida a una segunda votación siete días después, indicó el presidente del Parlamento, Alejandro Soto.
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Antes de esta votación, el plenario debió suspenderse pues la congresista Sigrid Bazán (CD-JP) señaló que Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, los militares y el congresista Alejandro Aguinaga (FP) se verían favorecidos por el dictamen, al estar inmersos de violación de derechos humanos.
La legisladora rehusó inicialmente retirar lo dicho, debiendo llamarse a Junta de Portavoces.
Otro cuestionamiento provino del vicepresidente del Parlamento, Waldemar Cerrón (PL), quien planteó una cuestión previa para que el dictamen sea reevaluado en la Comisión de Constitución. Esta fue rechazada, pues 56 congresistas votaron en contra y solo 46 a favor.
Contenido de la propuesta
La congresista Martha Moyano (FP), titular de la Comisión de Constitución, sustentó el dictamen, señalando que la tipificación del delito de lesa humanidad no puede servir para «convalidar situaciones de injusticia ni distorsionar los fines de la pena» ni «para la venganza».
Su aplicación -dijo- «siempre debe estar precedida por el cumplimiento de las garantías del derecho penal».
En ese sentido, se precisa en el dictamen la aplicación y los alcances de dichos delitos en la legislación peruana, señalándose que los delitos cometidos antes de la entrada en vigencia en el Perú del Estatuto de Roma y la Convención sobre imprescriptibilidad para los crímenes de lesa humanidad «prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional».
Moyano recordó que ambos instrumentos entraron en vigor para Perú el 1 de julio de 2002 y 9 de noviembre de 2003, respectivamente.
«En consecuencia, se aplican desde su entrada en vigencia y rigen para hechos posteriores a su entrada en vigor», indicó. Añadió que en el Estatuto de Roma se indica que no hay responsabilidad por conductas desarrolladas anteriormente a la emisión de dicho compromiso.
El dictamen -elaborado en base a proyectos de ley presentados por Fernando Rospigliosi (FP) y José Cueto (HYD)- establece que no se puede calificar como hechos de lesa humanidad aquellos ocurridos antes de que entrara en vigencia el Estatuto de Roma en el país.
Argumentos en debate
Durante el debate, Guillermo Bermejo (CD-JP) comparó las intenciones detrás de este dictamen con el afán de soslayar crímenes perpetrados por el nazismo en Alemania y la dictadura militar de Argentina del periodo 1976 – 1983. Por el contrario, Roberto Chiabra (APP) señaló que ha habido «mucha ligereza» en la tipificación de los delitos de lesa humanidad, generalizando actos aislados.
Margot Palacios (PL) indicó a su turno que este dictamen es «para lograr la impunidad de los violadores de derechos humanos», que cometieron sus crímenes antes del año 2003. Gladys Echaíz (HYL) dijo que «se trata de una norma prácticamente de amnistía», por lo que planteó ajustes al texto en lo referente a la prescripción de los delitos cometidos, los cuales se admitieron.
El congresista no agrupado Jaime Quito consideró a su vez que esta «es una ley de la impunidad» e invocó al principio de imprescriptibilidad para las violaciones de los derechos humanos. José Williams (Avanza País) señaló, por su parte, que lo que se pretende en realidad es hacer cumplir lo establecido en la ley que puso en vigencia los compromisos internacionales mencionados.
Elías Varas, de Perú Bicentenario, dijo que esta ley «nos hará ver como a unos parias que luchan contra los derechos humanos», por lo que pidió reflexionar sobre sus alcances, toda vez que aun hay procesos judiciales sobre violaciones a los derechos humanos. Alejandro Aguinaga, señaló, a su vez, que las críticas al dictamen nacen de la ignorancia.
Alejandro Mulante, de Renovación Popular, apeló al texto constitucional que señala que no se puede penar aquello que las leyes vigentes no establecen para defender el dictamen. Alfredo Azurín (SP), a su vez, consideró que siempre se ha defendido a los terroristas antes que a los policías que combatieron a estos, por lo que dijo que respalda al dictamen.
Otro tema
Por otro lado, el pleno del Congreso autorizó el ingreso y tránsito por aguas territoriales peruanas de una patrullera guardacostas del Ecuador, con tres oficiales y ocho tripulantes.
La presidenta de la Comisión de Defensa, Patricia Chirinos (Avanza País), señaló que estas participarán en el ejercicio binacional Perú- Ecuador de atención al derrame de hidrocarburos. Este se efectuará en el puerto caleta La Cruz, de Tumbes.
La permanencia de la nave ecuatoriana en aguas marítimas peruanas se dará entre los días 11 y 15 de junio. A favor de la autorización votaron 51 congresistas, 22 lo hicieron en contra y cuatro se abstuvieron.
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