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13:39 | Lima, oct. 30.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso tiene un plazo de hasta quince días para presentar sus informes finales sobre seis denuncias constitucionales planteadas contra diversos exfuncionarios, entre ellos el expresidente Martin Vizcarra.
El plazo mencionado le fue otorgado a la instancia que encabeza María Acuña (APP) por la Comisión Permanente en su sesión de hoy. Las denuncias en cuestión fueron declaradas procedentes en esta subcomisión.
Entre ellas se encuentra la denuncia constitucional interpuesta por la Fiscalía de la Nación contra Vizcarra por los presuntos delitos de falsedad genérica y de omisión de consignar declaraciones en documentos.
Se considera que el exmandatario ocultó que mantenía relación con la empresa constructora de sus familiares mientras era ministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
En 2022 una investigación del Congreso determinó responsabilidad de Vizcarra en este tema y por ello se le sancionó con la inhabilitación en el ejercicio de funciones públicas durante diez años.
Las otras denuncias
Otra denuncia cuyo informe final deberá presentarse en quince días es la interpuesta desde el Ministerio Público contra el exministro del Interior del gobierno de Vizcarra, Carlos Morán, por presunto delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad ideológica.
Se indica en ella que el exfuncionario favoreció, mediante una resolución ministerial, a policías a los que se les felicitó por efectuar funciones de seguridad y resguardo en eventos en los que varios de ellos no estuvieron presentes.
También forma parte del grupo de denuncias constitucionales que deberán tener listo su informe final en 15 días, la dirigida contra la excongresista del Partido Aprista, Luciana León, por delito contra la administración pública en la modalidad de enriquecimiento ilícito agravado.
Asimismo, se consideró dentro del plazo mencionado la denuncia contra el expresidente del Poder Judicial, Víctor Ticona, por delitos contra la administración pública y corrupción de funcionarios, en la modalidad de tráfico de influencias agravado.
La sexta denuncia constitucional cuyo informe final debe estar listo en quince días, está dirigida conta el exjuez supremo Ángel Romero, por tráfico de influencias agravado.
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