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18:00 | Lima, abr. 10.
Un proyecto de ley que prohíbe la contratación con el Estado de personas naturales y jurídicas sentenciadas por delitos de corrupción en primera instancia, presentó el congresista Guido Bellido, de la bancada Perú Bicentenario.
El proyecto de ley N.°7510/2023-CR, según se precisa en el documento, busca modificar los artículos 110 y 50° de la Ley de Contrataciones del Estado, a fin de combatir la corrupción.
Así, se señala que estarán impedidos de contratar con el Estado las personas jurídicas cuyos representantes legales o personas vinculadas que hubiesen sido condenadas, en el país o el extranjero, mediante sentencia en primera instancia, consentida o ejecutoriada, por delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de selección, o delitos equivalentes.
Disponer además que el OSCE, en coordinación con el Poder Judicial, publique un listado de personas naturales y jurídicas impedidas de contratar con el Estado por sentencias en primera instancia y que otorgue acceso exclusivo al mismo a las entidades públicas que contraten con el Estado.
La publicación, dice la iniciativa, debe incluir información de los socios o titulares, de los integrantes de los órganos de administración, así como el récord de sentencias de los últimos cuatro años, de conformidad con el procedimiento previsto en el reglamento.
Bellido argumenta que la prohibición de ejercer la función pública a personas con una sentencia condenatoria en primera instancia es crucial para preservar la integridad y la credibilidad de las instituciones gubernamentales.
«Actualmente, empresas con antecedentes de corrupción siguen operando y obteniendo contratos, lo que perpetúa un ciclo de impunidad y abuso de poder», afirmó.
Señala además que vincular de manera directa las consecuencias legales de los actos corruptos con la posibilidad de acceder a contratos estatales crea un fuerte incentivo para que las empresas actúen de manera ética y transparente y actúa como mecanismo de protección del Estado.
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