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andina.pe –
13:08 | Lima, jun. 18.
El congresista Alfredo Pariona (NA) propuso un proyecto de reforma constitucional que propone reducir de cinco a un año la prerrogativa de juicio y antejuicio político para estos altos funcionarios.
El proyecto de ley N.°8231/2023-CR plantea modifica el artículo 99 de la Constitución para señalar que el plazo de cinco años para acusar ante el Senado a altos funcionarios por infracción a la constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones se reduce a uno año para ministros de Estado.
La Constitución establece que el presidente de la República, los senadores, diputados, magistrados del Tribunal Constitucional (TC), miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), los jueces de la Corte Suprema, los fiscales supremos, el defensor del pueblo y el contralor general tienen esta prerrogativa por cinco años.
Asimismo, la iniciativa plantea modificar el artículo 124, precisando que para ser ministro de Estado se requiere haber cumplido 35 años de edad, contar con título profesional, estudios de posgrado concluidos y reconocida competencia en el sector respectivo.
«Ningún ministro de Estado percibe una remuneración igual ni superior a la que percibe el Presidente de la República, los senadores y los diputados; este criterio se aplica para cualquier ventaja económica, personal o de servicio de seguridad», señala la propuesta de cambio para referido artículo.
Actualmente, la Constitución señala que para ser ministro de Estado se requiere ser peruano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y haber cumplido veinticinco años de edad.
El congresista Pariona propone además modificar el artículo 39 de la Constitución para precisar que los ministros de Estado se ubican en la jerarquía de funcionarios al servicio a la Nación después de los senadores, diputados, magistrados del TC, de la JNJ, jueces y fiscales supremos y del defensor del Pueblo.
Argumenta su propuesta en que actualmente no existen mayores exigencias para ser ministro de Estado ni exigencias de meritocracia ni experiencia profesional reconocida por ser este un cargo de confianza discrecional del presidente de la República, pese a las modificaciones para evitar que se designe a ministros no idóneos,
La iniciativa sostiene también que no se puede equiparar a los ministros de Estado, elegidos por «la confianza», con funcionarios públicos que elegidos por voluntad popular o por concurso público de méritos como los senadores y diputados, magistrados del TC, miembros de la JNJ, jueces supremos, fiscales supremos y defensor del pueblo.
Respecto a reducir la prerrogativa de antejuicio, el congresista señala que existe una alta rotación de ministros producto de su naturaleza de puesto de confianza, por lo que no corresponde que tenga idéntica prerrogativa de otros funcionarios para no ser procesado directamente por la administración de justicia.
Considera también que no hay razón para que los ministros de Estado reciba una remuneración igual ni superior a la que percibe el presidente de la República, los senadores y los diputados, ni para cualquier ventaja económica, personal o de servicio de seguridad.
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