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andina.pe –
19:00 | Lima, jun. 22.
El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) definirá el próximo lunes 24 de junio el establecimiento penitenciario al que será traslado el procesado por el caso Asesores en la Sombra, Alejandro Sánchez.
Según el Inpe en la víspera, a las 17:50 horas, Sánchez Sánchez fue puesto a disposición de dicho organismo.
«Será clasificado el día lunes (24 de junio) y posteriormente trasladado al establecimiento penitenciario que corresponda«, señaló el organismo encargado de las cárceles en el país.
Como se recuerda, el pasado jueves 20 de junio Alejando Sánchez, propietario de la casa del jirón Sarratea llegó al Perú tras ser deportado desde los Estados Unidos, con la finalidad de que siga la investigación en el país por el caso denominado Asesores en la Sombra.
Sánchez Sánchez arribó al Grupo Aéreo N.° 8 en un vuelo chárter, junto con 150 deportados de Estados Unidos.
El procesado estaba prófugo de la justicia peruana desde octubre de 2022, luego de que el Poder Judicial ordenó su detención preliminar por un plazo de 30 meses, en el marco de las investigaciones por el presunto delito de investigación criminal.
Fue detenido en Estados Unidos por la policía de Migraciones de Estados Unidos cuanto intentaba cruzar la frontera en forma irregular e ingresar a territorio norteamericano. El Gobierno de Estados Unidos rechazó su pedido de asilo y dispuso su expulsión, tras agotarse todos los procedimientos presentados por su defensa.
Luego de pisar suelo peruano, Sánchez Sánchez fue trasladado a la sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, en el Cercado de Lima, donde se le realizó el reconocimiento médico legal correspondiente.
Como se sabe, la fiscalía atribuye a Sánchez Sánchez ser parte de una presunta organización criminal, liderada por Pedro Castillo y que estaría integrada por los exministros Geiner Alvarado y Juan Silva, así como Abel Cabrera, José Medina, Salatiel Marrufo, Biberto Castillo, entre otros.
De acuerdo al Ministerio Público, Sánchez tenía el rol de financistas y coordinador de la organización que se habrían encargado de negociar con alcaldes y empresarios obras públicas de saneamiento incluidos en un decreto de urgencia.
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