Wed, 17 Jul 2024 20:16:28 -0500
andina.pe –
20:16 | Lima, jul. 17.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, ratificó la voluntad política del Gobierno para promover proyectos que cierren brechas en las comunidades amazónicas y altoandinas, y aseguró que el Ejecutivo mantiene diálogo constante con las autoridades regionales y locales, a fin de impulsar obras en beneficio de la población sin contravenir la responsabilidad fiscal.
«Las expectativas son grandes, pero los recursos son escasos frente a la cantidad de demandas. Por ello priorizaremos a las comunidades amazónicas y altoandinas, así como los proyectos de agua, saneamiento y de cierre de brechas«, indicó el jefe del Gabinete Ministerial en conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros.
Explicó que mantiene diálogo constante con las autoridades del interior del país. Indicó que sostuvo una reunión de trabajo con los gobernadores de Arequipa, Rohel Sánchez, y de Moquegua, Gilia Gutiérrez, y con los ministros de Ambiente, Juan Carlos Castro; Energía y Minas, Rómulo Mucho; y de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, para articular medidas ante la contaminación de la cuenca de los ríos Coralaque y Tambo.
Al respecto, el titular de Ambiente informó que se emitirá una declaratoria de emergencia, lo que facilitará el traslado de ayuda humanitaria al distrito de Quinistaquillas, en la provincia de General Sánchez Cerro (Moquegua), y permitirá la emisión de un decreto de urgencia para el cierre de las operaciones que tiene la empresa minera Aruntani en la localidad, y la remediación de la cuenca del Coralaque.
«El Ministerio de Energía y Minas iniciará acciones legales contra la empresa, y el Ministerio del Ambiente instalará en los próximos 20 días una oficina del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental en Quinistaquillas, a fin de que la supervisión sea participativa«, explicó el ministro Castro.
Asimismo, Adrianzén también informó que se dialogó con los alcaldes de la provincia de Junín, lo que permitió poner fin a sus medidas de fuerza y e impulsar la ejecución de 5 proyectos referidos a pistas y veredas, agua y saneamiento, entre otros rubros.
Corte IDH
En otro momento, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) explicó que la carta suscrita por la jefa de Estado, Dina Boluarte, y el presidente del Congreso, Alejandro Soto, y enviada a la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por afectar la soberanía de un Estado independiente, es un gesto político de rechazo.
«La Corte IDH ha dicho que declarará al Perú en desacato. Nosotros nos defenderemos en las instancias internacionales que correspondan y haremos valer la soberanía del estado de derecho. En el Perú se respeta la división de los poderes«, declaró el jefe del Gabinete Ministerial al ser consultado por la prensa por las posibles sanciones contra el estado peruano por parte de la CorteIDH por la ley de prescripción de delitos de lesa humanidad.
Como se recuerda, el organismo supranacional dictó medidas provisionales a favor de los deudos de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, y requirió al Estado peruano que «a través de sus tres poderes, tome las acciones necesarias para que no se adopte, se deje sin efecto o no se otorgue vigencia» a la norma que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad.
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«Esta carta no va al expediente donde se está viendo la causa (…) esta es una carta que firman conjuntamente la presidenta de la república y el presidente del Congreso y la dirigen directamente y personalmente a la presidenta de Corte IDH. Es un gesto político de rechazo, no es un escrito que va ir a expediente (…) el expediente va por cuerdas separadas, y los agentes peruanos están practicando la defensa en ese extremo», refirió el jefe del Gabinete.
El 4 de julio, la Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación el proyecto de ley que establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos en el Perú antes del 2002.
Dos día antes, la Corte IDH requirió al Perú dejar sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el país, en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
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