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13:00 | Lima, abr. 12.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria aprobó la formalización y continuación de investigación preparatoria contra expresidente Martín Vizcarra por delito de tráfico de influencias agravado y otros en el caso Richard Swing.
La fiscalía, de acuerdo a la resolución, señala que Vizcarra intervino en la contratación de Richard Javier Cisneros Carballido, en el Ministerio de Cultura, mediante nueve ordenes de servicio entre años 2018 y 2020, sin que cumpliera con el perfil solicitado.
«Martin Vizcarra, con el fin de viabilizar su vínculo amical con Richard Cisneros, habría dado instrucciones a algunos titulares del Ministerio de Cultura para que se le contrate como promotor de espacios culturales de la entidad», señala la resolución.
Asimismo, se investiga a Vizcarra por su intervención en conversaciones sostenidas en Palacio de Gobierno, donde se habría puesto de acuerdo con otros funcionarios sobre la forma en la que deben dar su testimonio en la investigación fiscal sobre los hechos relacionados con la contratación de Richard Cisneros.
Tras exponer los elementos de convicción que sustentan ambos hechos, el juez resolvió aprobar la disposición de continuación de la investigación preparatoria contra el expresidente Vizcarra y la exministra de Cultura, Patricia Balbuena.
Precisa que la carpeta fiscal de este caso se encontrará disponible en las oficinas de la Fiscalía de la Nación –Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales encargada del caso, para su revisión, expedición de copias u otros fines que correspondan.
Advierte además a las partes que los requerimientos y solicitudes que se presentan por escrito, deben ser sustentados en audiencia pública, bajo apercibimiento de declararse inadmisible en caso de inconcurrencia del peticionante.
Exhorta también a los abogados particulares de cada uno los investigados, su obligación de asistir a las citaciones judiciales para las audiencias programadas, bajo apercibimiento de ser excluido, sancionado y sustituido por un Defensor Público.
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