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09:34 | Lima, jul. 14.
La Superintendencia Nacional de Migraciones contará con un órgano de defensa jurídica, que, a través de una procuraduría pública, defenderá sus derechos e intereses ante diferentes entidades y órganos jurisdiccionales y administrativos.
Dicho órgano del sistema de defensa jurídica fue incorporado a la estructura orgánica de Migraciones, para lo cual se dispuso la modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de esta institución adscrita al Ministerio del Interior (Mininter).
La modificación fue dispuesta mediante una resolución suprema, publicada en la separata de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, en el marco de los lineamientos de organización para la defensa jurídica de los derechos e intereses del Estado.
Esta medida, además, responde a una opinión técnica vinculante emitida por el Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado, ente rector en materia de defensa jurídica del Estado, según se precisa en la citada norma.
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De esta forma, la procuraduría pública representará a Migraciones y la defenderá en todos los procesos en los que sea parte ante entidades como el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, Tribunal Arbitral, Centro de Conciliación y otros similares.
Según lo dispuesto, esta nueva procuraduría pública estará a cargo de un procurador designado por la Procuraduría General del Estado, quien dependerá funcional y administrativamente de dicho organismo.
Asimismo, tendrá entre sus funciones evaluar y proponer fórmulas para conseguir la conclusión de un proceso jurisdiccional, requerir a toda entidad pública información y/o documentos para evaluar el inicio de acciones o ejercer la defensa del Estado. También conciliar, transigir y consentir resoluciones, así como desistirse de demandas, y coordinar con la Procuraduría General del Estado el apoyo técnico profesional y capacitación en beneficio de la defensa jurídica del Estado.
Intervendrá, además, en la suscripción de acuerdos y convenios de pago de reparación civil en procesos penales, según requisitos y procedimientos dispuestos por la normativa del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado, entre otras funciones.
Para estos efectos, la resolución también modifica las funciones de la Oficina de Asesoría Jurídica de Migraciones, que será uno de los órganos de coordinación de esta nueva procuraduría pública.
Con miras a la adecuada implementación de lo dispuesto, Migraciones deberá emitir, en un plazo de 120 días hábiles, las disposiciones complementarias correspondientes.
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