Fri, 20 Jun 2025 22:00:00 -0500
andina.pe –
22:00 | Lima, jun. 20.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) aprobó la Política Nacional Contra el Lavado de Activos al 2030, documento que se constituye en la hoja de ruta obligatoria para combatir el delito de lavado de activos en el Perú, actualizando sus objetivos prioritarios, lineamientos y servicios.
En ese sentido, aborda el problema público de la incidencia del lavado de activos y el impacto que este delito genera en la ciudadanía y agentes económicos. Para enfrentarlo, se cuenta con cuatro objetivos prioritarios, ocho lineamientos y 19 servicios, orientados a blindar la economía nacional frente al ingreso de dinero ilícito y a fortalecer el sistema de justicia.
Según lo establecido esta política es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades de la administración pública, empresas del Estado, y personas jurídicas de derecho privado y organizaciones de la sociedad civil, en lo que les sea aplicable, en el marco de sus respectivas competencias.
Asimismo, esta herramienta es el resultado de un esfuerzo multisectorial, exhaustivo y participativo, gestado en el seno de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Contralaft).
Dicha comisión es presidida por el Minjusdh, con la vicepresidencia y Secretaría Técnica a cargo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú). La Contralaft ha estructurado esta Política para guiar la intervención estatal hacia resultados concretos y medibles.
Además, esta política se distingue por su enfoque preventivo, territorial y multisectorial, involucrando al aparato estatal y al sector privado.
Su estrategia no solo busca atacar las fuentes del lavado de activos, sino también incorpora componentes cruciales como la educación ciudadana, con iniciativas desde la etapa escolar en coordinación con el Ministerio de Educación, y programas de formación especializada para fiscales, jueces y policías.
De igual modo, establece que las entidades públicas responsables de los objetivos, lineamientos, servicios y actividades operativas de la política serán las encargadas de su implementación y ejecución, conforme a sus funciones y competencias.
Para ello, se articularán a través del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y coordinarán con la Secretaría Técnica de la Contralaft.
La implementación de esta nueva estrategia integral posiciona a Perú a la vanguardia internacional en la prevención y combate del crimen financiero, en cumplimiento directo con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Con ello, se busca reforzar la legitimidad democrática, proyectando que para el año 2030 la incidencia del lavado de activos en el país se haya reducido significativamente, disminuyendo su impacto negativo en la economía y en la vida de los ciudadanos.
Leer artículo completo: Click aquí.