Así lo señaló la socióloga Russela Zapata, exviceministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien lamentó que el Congreso de la República, a través de la Comisión de la Mujer y Familia, haya archivado recientemente cuatro proyectos de ley que buscan crear un Sistema Nacional de Cuidados (SNC).
¿En qué consiste el Sistema Nacional de Cuidados?
Tras la aprobación del
dictamen negativo de los proyectos de ley 2735/2022-PE y 3242/2022-CR, el pasado 5 de abril, Zapata señaló que no solo se está desconociendo una problemática que urge atender, sino también se está abandonando a su suerte a millones de mujeres que, con muchas dificultades y sacrificios, ejercen las tareas de cuidado,
a veces hasta abandonando sus sueños de estudiar o crecer profesionalmente.
«Estos proyectos buscaban articular los servicios de cuidado que ya existen en nuestro país, de tal manera que logre crear un sistema que optimice la inversión del Estado para lograr el bienestar de las poblaciones vulnerables carentes de protección», comentó a la Agencia Andina.
Entre dichos servicios, que están dispersos en distintos sectores, destacó a los Centros de Atención Residencial (CAR) del Inabif, los Módulos de Atención al Maltrato Infantil y del Adolescente en Salud (Mamis) del Minsa y los centro de Asesoría Legal Gratuita (Alegra) del Poder Judicial.
Además, indicó que esta propuesta legislativa también permitiría integrar a los servicios comunitarios creados por las propias mujeres ante la necesidad y el interés de cuidar a sus familias, de manera voluntaria y sin fines de lucro.
«Hay madres que se dedican al comercio ambulatorio, que salen tres de la mañana (a trabajar) y que necesitan de una red de solidaridad, por lo que ellas mismas lo han creado dentro de sus barrios para efectos de dejar a sus niñas y a sus niños en cuidado y que no queden en una situación de riesgo», agregó.
Piden diálogo y aprobación
Ante esta problemática, Russela Zapata recordó que, pese al archivamiento de cuatro propuestas legislativas, aún se encuentra vigente el
proyecto de ley 4955/2022-CR en la Comisión de Constitución y Reglamento, la cual, en grandes rasgos, comparten los mismos objetivos que las anteriores.
«Una de las diferencias que sí es importante es que es multipartidario y que tiene un sustento más constitucional. Esto de cierta forma es mejor porque permite que, desde la Constitución, se pueda considerar al cuidado como un derecho humano, teniendo en cuenta que ya hay países en Sudamérica que lo reconocen», anotó.
Tanto Zapata, como la Red por los Cuidados Perú, piden que se abra el diálogo para debatir lo más pronto posible esta propuesta prioritaria para el desarrollo socioeconómico del país.
«Lo que buscamos ahora es la aprobación de esta ley y tener la oportunidad de hacerla agenda pública porque esto no es solo un tema de mujeres o un tema de familia, es un tema público, social y económico. Aspiramos a que la Comisión lo agende lo más pronto posible y que puedan escuchar el pedido de quienes cuidan y sus organizaciones representativas», resaltó.
De crearse el SNC, añadió, permitiría al Gobierno implementar mejores estrategias para reconocer el trabajo de cuidado de mujeres y hombres dentro y fuera de las familias, potenciar la profesionalización de dichos servicios y fomentar prácticas de autocuidado que garanticen condiciones dignas para quienes reciben y proveen cuidados: personas adultas mayores, madres solteras o trabajadoras, así como quienes las apoyan: niñeras, enfermeras, técnicos y técnicas en enfermería y trabajadoras del hogar.
Datos relevantes
En Perú, el 82% de las mujeres asumen trabajo de cuidado doméstico, lo que se traduce en 27 horas adicionales de trabajo no remunerado a la semana en comparación con los hombres, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y Flora Tristán en 2022.
De acuerdo a un informe de la IEP, Oxfam y Flora Tristán, publicado en
mayo de 2023,
7 de cada 10 peruanos señalan que en su hogar una mujer es la principal responsable de las actividades de cuidado.
De los hogares encuestados con menores de 5 años, el 82 % no utiliza servicios públicos de cuidado, tampoco el 61% de hogares con una persona con discapacidad que requiera cuidados.
Por otro lado, 2 de cada 3 personas piensa que no se debería pagar por actividades de cuidado si quien las realiza es una persona que vive en el mismo hogar.