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andina.pe –
17:35 | Lima, abr. 10.
El pleno del Congreso de la República debate el informe final que aprueba acusar constitucionalmente al expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez, e inhabilitarlo por 10 años para el ejercicio de la función pública.
La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones (Alianza para el Progreso), y la congresista Martha Moyano (Fuerza Popular), sustentaron el informe final de la denuncia constitucional contra el ex presidente del Consejo de Ministros.
Durante su intervención Moyano señaló que los Consejos de Ministros Descentralizados, en la gestión de Aníbal Torres, no cumplieron el marco constitucional.
Luego de la sustentación del informe final, Torres Vásquez ejerció su derecho a la defensa y afirmó que se estaba queriendo sorprender la buena fe de la representación nacional al confundir los consejos de ministros con los consejos descentralizados que tienen su propia regulación, tanto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo como en el Decreto Supremo número 050-2021.
De igual manera, subrayó que la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a criticar las resoluciones judiciales.
Tras su intervención, los congresistas iniciaron el debate del informe final que plantea acusar, vía juicio político, a Aníbal Torres Vásquez por infracción a los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución Política e imponer, de acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la Carta Magna, la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública.
El 16 de agosto de 2022, el congresista Jorge Montoya presentó una denuncia constitucional contra Aníbal Torres Vásquez, en su condición de Presidente del Consejo de Ministros, por la presunta comisión de los delitos de motín; conspiración para una rebelión; sedición o motín; omisión de resistencia a rebelión, sedición o motín y terrorismo. Asimismo, por la supuesta infracción a los artículos 38, 39, 45, 123, 125, 139 inciso 2 y 159 inciso 4 de la Constitución Política.
En la denuncia se consigna como motivo que el 10 de agosto de 2022, el jefe del gabinete ministerial invitó a Palacio de Gobierno a dirigentes de diversas organizaciones sociales, y azuzó a estos para que se movilizaran hacia Lima para implantar una nueva Carta Magna.
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